Los Consejos Consultivos son mecanismos de participación ciudadana institucionalizados que permiten a los ciudadanos tener mayor incidencia en la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas.
Nacen de la necesidad de que la ciudadanía participe más en la vida pública y que ésta no se limite únicamente al voto. Esta nueva forma de participar vino acompañada de cambios normativos y de la suscripción de tratados internacionales. En 1983 se modificó el Art. 26 de la Constitución mexicana con el cual se introdujeron los conceptos de planeación democrática, participación y consulta ciudadana que dieron pie a la promulgación de la Ley de Planeación (1).
En materia ambiental, y a partir de la Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, México se comprometió a facilitar y fomentar la participación ciudadana y el acceso a la información de las autoridades ambientales, como una manera de tratar los problemas ambientales (2)
Han pasado más de treinta años desde entonces y hacer realidad la participación de la sociedad en las políticas públicas ambientales no ha sido nada fácil. En 2012, Gómez Magaña et. al. calificaba a los Consejos Consultivos Nacionales como una “ejemplificación genérica de malas prácticas en materia de participación ciudadana”(3). En el mismo sentido, Hevia et. al. (2011) comentaba que los mecanismos de participación ciudadana son abundantes, pero opacos, poniendo en tela de juicio su suficiencia y legitimidad (4).
Un nuevo empuje llegó en 2018 cuando los países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), suscribieron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Mediante este acuerdo se busca avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y más derechos ambientales en un plano local (5).
Con el Acuerdo de Escazú, el Estado Mexicano se compromete a “implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales”, para lo cual deberá “garantizar mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones ambientales que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente” (5).
El compromiso del Estado Mexicano de fortalecer la incidencia ciudadana para el desarrollo rural sustentable en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto (2019 – 2022)
En 2019, en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto (conformado por el Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil – NOSC -, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales – INAI – y la Secretaría de la Función Pública – SFP -) y teniendo muy reciente la firma del Acuerdo de Escazú, se llevó a cabo un taller participativo en el que se llegó a la conclusión de que “los mecanismos de participación en materia rural y ambiental cuentan con un deficiente diseño institucional que no permite que los grupos vulnerados estén representados, ni la deliberación y cogestión en acciones de gobierno”(6).
Derivado de este diagnóstico se llevó a cabo un proceso de co-creación del que surgió el compromiso ‘Incidencia ciudadana para el desarrollo rural sustentable’ con el propósito de fortalecer cuatro mecanismos de participación ciudadana: i) Consejo Nacional de Acuacultura y Pesca, ii) Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, iii) Consejo Nacional Forestal y iv) Consejos de Cuenca.
Este compromiso se llevó a cabo de diciembre de 2019 a agosto de 2022, en un contexto adverso. Además de la pandemia por Covid 19 que comenzó casi a la par del compromiso, como se puede observar en la siguiente tabla también se dieron cambios en casi todas las instituciones responsables de implementarlo, incluyendo la coordinación de este:
A pesar de ello, este compromiso consiguió grandes logros. Entre ellos, la realización de evaluaciones prospectivas a cargo de las organizaciones de la sociedad civil Causa Natura y Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, de las que se extrajeron recomendaciones para mejorar la inclusión, incidencia, autonomía, transparencia, rendición de cuentas y corresponsabilidad de cada consejo:
● Resultados Finales y Recomendaciones derivados de la Evaluación Prospectiva del CNPA
● Resultados Finales y Recomendaciones derivados de la Evaluación Prospectiva del CMDRS
● Resultados Finales y Recomendaciones derivados de la Evaluación Prospectiva del CONAF
Dichas recomendaciones fueron retroalimentadas por las instancias del gobierno responsables, con base en lo cual se elaboraron planes de acción para la implementación de las recomendaciones:
Asimismo, se construyó una Plataforma de monitoreo con el fin de dar a conocer a los miembros de los Consejos Consultivos y al público en general el avance en la implementación de recomendaciones de mejora.
Finalmente, un gran mérito de este compromiso fue el haber sumado voluntades de las distintas instancias de gobierno que, de la mano de la sociedad civil, trabajaron de manera coordinada durante tres años, logrando hacer de este, uno de los compromisos del 4to Plan de Acción con mayor nivel de cumplimiento (7).
¿Cuáles han sido los avances en la implementación de este compromiso?
Desde el pasado mes de agosto de 2022 no se han realizado reuniones de seguimiento coordinadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Uno de los grandes pendientes fue acordar un Plan de Acción con la Conagua para implementar mejoras a los Consejos de Cuenca (CC). Desafortunadamente, este proceso no pudo ser concretado debido a que la SFP suspendió sus labores de coordinación después del conflicto #Ejército Espía suscitado con el NOSC tras haberse revelado casos de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos (8). Tampoco se ha visto voluntad política de Sader y Conapesca, cuya implementación de los Planes de Acción del CMDR y del CNPA quedaron bajo su responsabilidad.
No obstante, está el caso excepcional del CONAF, quien ha hecho avances sustanciales en la implementación de su Plan de Acción. De 43 recomendaciones, 32 de ellas se encuentran en proceso de implementación, 9 han sido completadas en su totalidad y solo quedan 2 recomendaciones pendientes por iniciar.
Avances en las recomendaciones del Plan de Acción del CONAF
CONAF es hoy día un mecanismo de participación ciudadana de vanguardia que cuenta con una página web en el que se puede conocer qué es el CONAF, quiénes lo integran, quiénes son sus titulares y suplentes, qué atribuciones tiene y cuál es su reglamento.
Además, se encuentran ahí plasmadas las convocatorias, los asuntos tratados y las actas de acuerdos de cada una de las sesiones con lo cual da transparencia y rinde cuentas de sus acciones, no solo a los miembros del Consejo sino a la sociedad en su conjunto.
En su página web se encuentra descargable también su Plan Estratégico 2021- 2024, en el cual se retoman los resultados de la evaluación prospectiva y sus recomendaciones en cinco grandes estrategias.
Conoce la página web de CONAF aquí
Conoce su reglamento interno aquí
Conoce su Plan Estratégico 2021-2024 aquí
El caso de CONAF es sin duda un referente para otros mecanismos de participación que a la fecha no han podido consolidarse. @Conafor nos deja un gran aprendizaje que sin duda debe ser retomado por @Semarnat @Sader @Conapesca @Conagua y @SFP.
El trabajo de tres años no debe quedar en el olvido, debe retomarse para hacer valer la Constitución, nuestras leyes federales y los acuerdos internacionales a los que el Estado está comprometido para hacer realidad una participación ciudadana abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones rurales y ambientales.
(2) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(3) Gómez-Magaña, E., Varela-Mattute A. y Rivera-Sánchez, S. (2012).”Mejores prácticas de gobernanza en los Consejos Consultivos Nacionales en materia agropecuaria y ambiental”, México, pp. 7.
(4) Hevia, F.; Vergara-Lope, S. y Homero A. (2011). ”Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal” En Perfiles Latinoamericanos, núm. 38, México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
(5) Artículo 7 del Acuerdo de Escazú.
(7) Tablero del seguimiento de compromisos del 4to Plan de Acción de la Alianza de Gobierno Abierto.
(8) Artículo 19 (2022) Sociedad Civil suspende su participación en los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto por nuevos casos de espionaje
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